Últimos fugitivos del escándalo de Petrobras se entregan a la Policía Federal

Los últimos dos sospechosos de estar implicados en las irregularidades encontradas por la Operación Autolavado, de la Policía Federal, ya están detenidos. Adarico Negromonte Filho y el empresario Fernando Soares eran considerados prófugos de la Justicia.

Negromonte Filho, hermano del ex ministro de Ciudades, Mário Negromonte, se entregó el lunes (24) por la mañana a la Policía Federal de Curitiba, en el estado de Paraná, donde se desarrollan las demandas judiciales. Él es sospechoso de prestar servicios al cambista Alberto Youssef en el esquema criminal de sobreprecio de contratos de Petrobras, pago de sobornos a funcionarios públicos y lavado de dinero.

El viernes (21), la defensa de Negromonte Filho trató sin éxito de retirar la solicitud de detención provisional, con el argumento de que la concesión de la libertad no impediría la conclusión de las investigaciones.

Fernando Soares se entregó el pasado martes (18). El viernes, el juez federal Sérgio Moro, responsable de las demandas, dictaminó la prisión preventiva del empresario, también conocido como Fernando Baiano. En la justificación de la prisión preventiva, que tiene un plazo superior a la provisional, Moro dijo que hay evidencias de que Soares recibió valores millonarios en cuentas en el extranjero, que siguen siendo secreto de la Justicia, y que ponerle en libertad podría obstaculizar las investigaciones.

En su testimonio a la Policía Federal el viernes (21), Soares negó la información proporcionada por Youssef, de que tendría relación con el PMDB, el mayor partido de la base del gobierno. El cambista, también detenido, dijo que Soares estaba encargado de recibir, para el partido, los sobornos pagados por empresas que querían contratos con Petrobras.

Además de los dos, otras 24 personas están siendo investigadas en esta séptima fase de la Operación Autolavado, la mayoría vinculada a las más grandes constructoras del país. Dada a conocer en marzo por la Policía Federal, la operación investiga un esquema criminal que pudiera haber desencadenado un perjuicio de US$ 3,9 mil millones a las arcas públicas.

Traducción: Leonardo Vieira